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Procedimiento para adoptar medidas de apoyo

Las medidas de apoyo a adoptar para las personas con discapacidad tras la entrada en vigor de la LJV son tres: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial de conformidad con el art 250 del Código Civil.

Procedimiento para adoptar medidas de apoyo. Las medidas de apoyo a adoptar para las personas con discapacidad tras la entrada en vigor de la LJV son tres: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial de conformidad con el art 250 del Código Civil.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, supone un cambio en las medidas de apoyo y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en tanto, en cuanto vienen a reconocer que estas tienen plena capacidad jurídica, de forma que la persona con discapacidad es titular de todos sus derechos; además, y por encima de todo, hay que respetar su voluntad deseos, preferencias y derechos a la hora de establecer las medidas de apoyo.

Los artículos 42 bis y siguientes de la ley de jurisdicción voluntaria, y el artículo 264 del Código Civil establecen y regulan el procedimiento para la provisión de apoyos, incluso representativos, cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable, mediante la guarda de hecho.

En aquellos casos, en los que las medidas de apoyo que se apliquen precisen que se ejerzan de modo continuado, y en aquellos casos, en los que, en definitiva, exista una especial complejidad respecto a los actos a realizar por representación y que se deban prolongar en el tiempo, serán necesario la constitución de una curatela.

Tanto una como otra, pueden constituirse por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto por los artículos 42 bis y siguientes de la citada ley, ahora bien en aquellos casos en los que se hubiera formulado el oposición a la medida de apoyo solicitada, o cuando el expediente no haya podido resolverse, será necesario acudir al procedimiento llamado contencioso previsto por los artículos 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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¿Quien puede promover las adopción de las medidas de apoyo?

Por lo que se refiere a la  legitimación activa, existe idéntica previsión tanto en la LEC en su art 757 como en la LJV.

El art 42 bis a) de la LJV en su apartado tercero, atribuye la legitimación activa:

  • Ministerio Fiscal
  • La propia persona con discapacidad
  • Su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable
  • Sus descendientes, ascendientes o hermanos.

No obstante la LEC en su art 757, reconociendo legitimación a las mismas personas que la LJV, va mas allá imponiendo al Ministerio Fiscal la obligación de promover el proceso si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que concluyera que existen otras vías a través de las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa.

Además la LJV prevé la obligación de poner en conocimiento del Ministerio fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la adopción judicial de medidas de apoyo. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos respecto de cualquier persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos casos, este iniciará el presente expediente.

¿Contra quién deberá dirigirse el procedimiento?

En el expediente de jurisdicción voluntaria conforme al art 42 bis a números 4 y 5, la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación.

Si no fuera previsible que proceda a realizar por sí misma tal designación, con la solicitud se pedirá que se le nombre un defensor judicial, quien actuará por medio de Abogado y Procurador, siendo el letrado de la Administración de Justicia quien realizará las adaptaciones y los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del expediente que le afecta, conforme a lo previsto en el artículo 7 bis de esta Ley.

En el caso del procedimiento contencioso previsto por la LEC, si se ha nombrado en el inicio del proceso un curador determinado, se le dará a este traslado de la demanda a fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuestión.

Además las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas judiciales de apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa en el ya proceso iniciado, con los efectos previstos en el artículo 13 de la LEC, admitiéndose en consecuencia la intervención como terceros interesados.

Procedimiento para adoptar medidas de apoyo

Procedimiento para adoptar medidas de apoyo. Juez competente

➡️ El juez competente, si se inició un expediente de jurisdicción voluntaria será el que conoció de dicho expediente, en caso contrario será el de la residencia de la persona para la que se solicitan las medidas de apoyo.

Asi lo dispone el art 42. Bis  a) 2 de la LJV al decir:

“2. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad.

Si antes de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitirán las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.”

➡️ No obstante si no se había iniciado dicho procedimiento de jurisdicción voluntaria y existiendo oposición o cuando el expediente no pudo concluirse, la interposición de la demanda se hará ante  autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.

Así se desprende del art 756 2 y 3 de la LEC, que incluso prevé que: “Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen“.

Procedimiento para adoptar medidas de apoyo, pruebas necesarias

En cuanto a las pruebas que han de aportarse en el procedimiento previsto por los arts 42 bis y ss de la LJV se exigen los siguientes:

  • 1.- Los documentos que acrediten la necesidad de la adopción de medidas de apoyo.
  • 2.- Un dictamen pericial de los profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.
  • 3.-Asimismo, se propondrán aquellas pruebas que se considere necesario practicar en la comparecencia.
  • 4.- También se recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que se consideren pertinentes, sobre las medidas de apoyo inscritas.
  • 5.- La autoridad judicial antes de la comparecencia podrá recabar informe de la entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o de una entidad del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora de la Administración de Justicia. La entidad informará sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin requerir la adopción de medida alguna por la autoridad judicial.
  • 6.- Además en la comparecencia prevista por el art 42 bis b, se procederá a celebrar una entrevista entre la autoridad judicial y la persona con discapacidad, a quien, a la vista de su situación, podrá informar acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, bien sea mediante su entorno social o comunitario, o bien a través del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.
  • 7.- Igualmente se prevé la citación a la comparecencia del  su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y a sus descendientes, ascendientes o hermanos, siendo frecuente su testifical

Proceso previsto por el artículo 759 de la LEC. Pruebas preceptivas

1. En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere este Capítulo, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 752, el Tribunal practicará las siguientes:

1.º Se entrevistará con la persona con discapacidad.

2.º Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos de la persona con discapacidad.

3.º Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso.

2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con discapacidad, el Tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar las audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la preservación de su intimidad.

3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta cuestión se oirá a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, a sus parientes más próximos y a las demás personas que el Tribunal considere oportuno, siendo también de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.

En cuanto a la actividad probatoria frecuente, nos encontramos con que será necesario aportar

  1. Fotocopia del libro de familia y partida literal de nacimiento.
  2. Si existe algún poder o testamento, otorgado por la persona discapacitada
  3. Si tiene concedida la ley de dependencia, documentación acreditativa de tal extremo
  4. Si existen pretensiones de ingresar a la persona necesitada de apoyos en una residencia, se deberá aportar el documento documento que acredite la reserva de plazo o solicitud al efecto
  5. Igualmente, informe médico, completo, original y lo más amplio posible sobre las circunstancias de la persona discapacitada en la que será especial importancia, y en especial deberá dejar constancia:
    ➡️ Dejar constancia de cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica que le afecte y
    ➡️ Efectos de la referida discapacidad en las siguientes áreas: si puede, o no realizar vida independiente, sea personal, vestirse, comer, desplazarse comprar, prepararse la comida
    ➡️ Si puede realizar actividades económicos jurídico administrativas, como por ejemplo, administrar su dinero, su patrimonio manejar dinero de bolsillo
    ➡️ Si tiene habilidades sobre su salud, como el manejo de medicamentos, cuidado de heridas con sentimiento para tratamientos médicos
    ➡️ Si tiene habilidades para el transporte
    ➡️ Si tiene capacidad contractual, es decir, si tiene capacidad para celebrar contratos o negocios jurídicos de cierta complejidad.


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Written by María José Arcas-Sariot

Hola, mi nombre es María José Arcas-Sariot Jiménez y soy abogada especializada en Derecho de sucesiones desde 1997.
¡Bienvenido a mi blog especializado en Testamentos y Herencias!

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