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Medidas de apoyo a personas con discapacidad

Medidas de apoyo a personas con discapacidad. ¿Qué medidas pueden adoptarse para proteger a las personas con discapacidad?, puesto que tutela tal y como la conocíamos ha dejado de existir, ¿qué debemos hacer ahora ante una persona que se encuentra en situación de discapacidad?

Ley 8/21 de 2 de junio, supone un cambio en las medidas de apoyo y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, en tanto, en cuanto vienen a reconocer que estas tienen plena capacidad jurídica, de forma que la persona con discapacidad es titular de todos sus derechos;

Tras la entrada en vigor de esta ley la tutela ha desaparecido y ha sido sustituida por otras medidas de apoyo a la persona discapacitada, en concreto tres: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

Lo vemos de forma fácil en este artículo.

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Medidas de apoyo a personas con discapacidad

La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha supuesto que en la práctica lo que antaño era la tutela se haya convertido en una especia de “traje a medida” para la persona que necesita apoyos en su vida diaria.  

Recoge la ley el principio de flexibilidad consagrado en sentencias como la 282/2009 de 29 de abril, 341/2014 de 1 julio y 244/2015 de 13 de mayo de forma que el sistema de protección no ha de ser rígido, sino que se debe adaptar a las necesidades de la persona afectada.

Si bien es cierto que la ley evita una consideración genérica de incapacidad que igualmente podía resultar excesiva en determinados casos, debe imperar el sentido común a la hora de adaptar la nueva normativa. Y en este sentido se viene a reconocer la necesidad de atender al caso concreto y mantener un criterio flexible en la interpretación en la norma, so pena de agravar mas que resolver la situación de las personas que necesitan medidas de apoyo.

La reforma ha venido a consagrar la superación del anterior tratamiento jurídico que se le venía dispensando a la discapacidad, basado en la adopción de decisiones que optaban, de forma indiscriminada, por mecanismos de sustitución  a través de la generalización de la tutela, como modelo de representación absoluta y permanente. 

Se partía entonces de que la sentencia de incapacitación pretendía en todo caso proteger al incapaz, por lo que ningún daño colateral se podría causar teniendo en cuenta ese espíritu de protección. Ello motivó que personas que adolecían de ciertas deficiencias en la esfera personal o patrimonial eran totalmente inhabilitadas para la vida social, con la correlativa anulación de sus capacidades con la declaración de incapacidad, privándolas por completo de su autonomía bajo el paraguas de garantizar su protección.

Este modelo de incapacitación total ya fue rechazado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias de 27 de marzo de 2008, asunto Chtoukatourov c/Rusia y de 22 de enero de 2013, según los cuales la legislación debe prever una respuesta individualizada para cada caso concreto.

Por ello tras la reforma, por encima de todo, hay que respetar la voluntad deseos, preferencias y derechos de la persona discapacitada a la hora de establecer las medidas de apoyo; las personas instituciones que presten apoyo, procurarán que las personas con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándole en su comprensión y razonamiento, y facilitando que pueda expresar sus preferencias. asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad puede ejercer su capacidad jurídica, con menos apoyos en el futuro, así lo exige el artículo 249 del Código Civil:

Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera

Las medidas a adoptar tras la entrada en vigor de la LJV son tres: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

Medidas de apoyo a personas con discapacidad

Medidas de apoyo a personas con discapacidad. La guarda de hecho

Dispone el art 250 del Código Civil

Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo.

La guarda de hecho

En aquellos casos en los que sea necesario establecimiento de alguna medida concreta judicial de apoyo de carácter estable, se hará mediante la guarda de hecho.

La guarda de hecho es el mecanismo más adecuado para remover obstáculos en el desenvolvimiento normal de la vida de la persona necesitada de medidas de apoyo, cuando una vía social familiar o médica no es suficiente, en este caso es imprescindible concretar individualmente el obstáculo problema que tiene la persona discapacitada, a fin de adoptar la medida más adecuada, menos molesta y más proporcional y adecuada a su situación

Los artículos 42 bis y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y el artículo 264 del Código Civil establecen y regulan el procedimiento para la provisión de apoyos, incluso representativos, cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable, mediante la guarda de hecho.

La curatela

En aquellos casos, en los que las medidas de apoyo que se apliquen precisen que se ejerzan de modo continuado, y en aquellos casos, en los que, en definitiva, exista una especial complejidad respecto a los actos a realizar por representación y que se deban prolongar en el tiempo, serán necesario la constitución de una curatela.

La curatela debe quedar reservada aquellos supuestos de especial complejidad y que además se deban prolongar en el tiempo, su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial, que en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y sus necesidades de apoyo establecerán la misma.

El defensor judicial

La figura del defensor judicial está prevista como medida formal de apoyo, que procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de una forma ocasional, aunque sea recurrente.

Forma de establecer las medidas de apoyo

Tanto la guarda de hecho como la curatela, pueden constituirse:

  • Mediante poderes preventivos
  • Mediante el expediente de jurisdicción voluntaria
  • Mediante el proceso judicial previsto por la LEC

Poderes preventivos

Las medidas de apoyo pueden ser establecidas por la propia persona necesitadas de apoyo, mediante los llamados poderes preventivos, en este sentido, cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, puede, en escritura pública, en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarles su capacidad jurídica, prever o acordar medidas de apoyo relativas a su persona o bienes.

Esas medidas pueden consistir en el nombramiento, la exclusión de una o varias personas determinadas para el ejercicio de la función de guardador, de hecho o de curador, el funcionamiento y el contenido de las medidas de apoyo, cuidado de su persona, reglas de administración y disposición de sus bienes, retribución para el guardador, de hecho curador, obligación de hacer inventario o dispensa del mismo, incluso medidas de vigilancia y control y proponer las personas que hayan de llevar estas a cabo también puede prever el alcance de las facultades de las personas que le hayan de prestar el apoyo y la forma de ejercicio del mismo en este caso deberá acudir al notario para que, mediante escritura pública, establezca estas circunstancias, quien además comunicará de oficio y sin dilación el documento público que contenga las medidas de apoyo previstas al registro civil para su constancia en el registro individual del otorgante. Así lo prevén los artículos 255, 260, 271, y 272 del Código Civil

Expediente de Jurisdicción voluntaria

El procedimiento de jurisdicción voluntaria se regula en los artículos 42 bis y siguientes de la ley 15/2015, se podrá acudir a el, cuando nadie se oponga a las medidas solicitadas ni haya obstáculo para resolver el expediente. Por ejemplo, si el discapacitado no está de acuerdo con la medidas, o alguno de sus familiares, o el ministerio fiscal se podrá continuar por este procedimiento, en caso contrario habrá que ir al proceso previsto por la LEC.

Proceso judicial de la LEC

Ahora bien en aquellos casos en los que se hubiera formulado el oposición a la medida de apoyo solicitada, o cuando el expediente no haya podido resolverse, será necesario acudir al procedimiento llamado contencioso previsto por los artículos 756 y siguientes de la Ley De Enjuiciamiento Civil.

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Written by María José Arcas-Sariot

Hola, mi nombre es María José Arcas-Sariot Jiménez y soy abogada especializada en Derecho de sucesiones desde 1997.
¡Bienvenido a mi blog especializado en Testamentos y Herencias!

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